Decenas de autores han definido los dos tipos de personas existentes en el marco jurídico-social de los pueblos, conocidos estos como las Personas Físicas y las Personas Morales. Las Personas Morales, se subdividen a su vez en locales y extranjeras a lo que es lo mismo nacionales o internacionales.
Una persona moral es un ente creado por conveniencia en el campo jurídico para resolver problemas de personalidad e incluso de capacidad. Se le llama moral pues es captada por medio del entendimiento y no de los sentidos ya que es una entidad reconocida bajo las reglas de una ficción jurídica, creada por una o varias voluntades, sean de personas físicas o morales, para determinado fin (objeto social). La persona moral que se crea es distinta de sus creadores y por ende tiene personalidad y atributos propios, siendo un sujeto de derechos, deberes y obligaciones.
El Estado es el máximo exponente de las personas morales, como todas es intangible, inmaterial y abstracto, pero realiza múltiples actos por medio de sus representantes. Puede haberlas con fines civiles, mercantiles, administrativos y algunas legislaciones contemplan su creación con una sola voluntad, lo que permite separar patrimonios.
(1) Enciclopedia virtual Wikipedia, título específico: “Personas Morales”. Análisis personal de investigación del grupo 5, de Derecho Internacional Privado (2007).
No es lo mismo persona moral que sociedad o empresa. La segunda implica la intervención de varias voluntades para su creación y la tercera hace refiere a una actividad.
Algunas legislaciones y doctrinarios le llaman de diversas maneras, jurídica (si bien las físicas también lo son), colectiva (pero es unitaria, aunque sea creada por dos o más voluntades), ideal (si saber si se refiere a perfección o a idea), o etérea (origen griego que perdura hasta nuestros días). Las razones practicas para su creación son 1.- Obtener fuerza colectiva, por la reunión de capital y trabajo; 2.- Obtener disposición con la reunión de un patrimonio en una nueva voluntad legal; 3.- Lograr la diferenciación entre el o los creadores y el creado.
Las personas morales internamente se clasifican en:
· Personas morales con fines no lucrativos.
· Personas morales en el régimen simplificado.
· Personas morales en asociaciones de profesionales, mercantiles, etc.
Personas morales con fines no lucrativos: Es para las personas morales cuya finalidad no es obtener una ganancia económica o lucro, por ejemplo:
· Instituciones de asistencia o de beneficencia
· Asociaciones o sociedades civiles con fines políticos, deportivos o religiosos
· Asociaciones patronales; sindicatos obreros; cámaras de comercio e industria
· Asociaciones o sociedades civiles de enseñanza; de investigación científica o tecnológica
(1) Extraído de: http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/6_406.html
· Sociedades cooperativas de consumo o sociedades mutualistas.
· Colegios de profesionales
· Partidos políticos
· Asociaciones de padres de familia
· Asociaciones civiles de colonos o las que administren inmuebles en condominio
Personas morales del régimen simplificado: Deben tributar en el régimen simplificado las siguientes personas morales:
· Las dedicadas exclusivamente al autotransporte terrestre de carga o de pasajeros,
Las que se dediquen exclusivamente a actividades:
· Agrícolas,
· Ganaderas,
· Silvícolas o
· Pesqueras,
· Las constituidas como empresas integradoras.
Personas Morales del Régimen General: Es para las sociedades mercantiles, asociaciones civiles de profesionales que:
· Realicen actividades lucrativas,
· Sociedades cooperativas de producción,
· Instituciones de crédito tales como bancos y casas de bolsa,
· Organismos descentralizados que comercialicen bienes o servicios, entre otras.
El Estado como persona moral necesaria
Como se conoce, dentro de las personas morales están además del Estado, las corporaciones, asociaciones sin fines y con fines de lucro, entre otras, que ya hemos citado con ejemplos. De igual forma tenemos conocido que la Persona moral es una agrupación de personas que se unen con un fin determinado, como la sociedad mercantil, una asociación civil. El Estado es de igual forma la agrupación de personas cuyo fin determinado es vivir en la armonía y paz a través de las instituciones que lo componen. Estas instituciones son personas morales y el Estado per se, es también moral, es decir persona no física.
Para fines fiscales, es necesario definir si una persona realizará sus actividades económicas como persona física o como persona moral, ya que las leyes establecen un trato diferente para cada una, y de esto depende la forma y requisitos para darse de alta en el Registro Federal de Contribuyentes (RFC) y las obligaciones que adquieran. Es ahí el grave problema, que el Estado es persona moral, pero es en éste donde se tiene que realizar esas actividades económicas y sería contraproducente que se cree el banco y el dueño tenga que pagar intereses.
El Estado es la persona moral más necesaria, porque es en esta donde existen todas las demás personas morales.
Tratamos de explicarnos mejor. Cuando vemos que una institución, por ejemplo la Fundación Santa Lola tiene que pagar un impuesto al Estado para que funcione y obtenga personería jurídica, lo mismo no pasó con la República Dominicana para que Juan Pablo Duarte pueda independizarnos y darnos libertad. Es de primacía el Estado a todos las personas jurídicas o morales, debido a que sin ella es imposible establecerse otras.
Personas Morales Públicas y Privadas
Teniendo en claro la importancia de los Estados para que operen otras personas morales, es bueno abarcar los tipos de personas morales en cuanto al medio que abarca. Estos son: Personas morales públicas y personas morales privadas.
Las Personas Morales Públicas, son aquellas instituciones, asociaciones, grupos, departamento o cualquier agrupación de personas que conformen algo para un fin común que pertenezca directamente al Estado, es decir no tiene un dueño o un grupo de dueños particulares, ya que todos los habitantes originarios de ese país serían dueños.
Características de las Personas Morales Públicas:
1- Son entidades reguladas por el Derecho Administrativo nacional. (Respeta el triángulo de Hans Kelsen en cuanto a la Constitución, los Tratados Internacionales, las Leyes, la Jurisprudencia y la doctrina).
2- Quienes atienden son servidores públicos y deben de ofrecer los servicios de la mejor manera posible.
3- Son instituciones que han de resolver lo que está en su competencia.
4- Son nacionales, pero puede estar representada bajo contrato o convenio con instituciones extranjeras para beneficio de lo nacional.
Las Personas Morales Privadas, se pueden definir como las entidades correspondientes a una persona física o un conjunto de personas físicas con objetivos comunes, muchas veces sin fines de lucro y otras con ánimos de lucros personales. Las privadas tienen características similares, pero repercute en cuanto al interés o ideal de los miembros de la junta directiva.
Características de las Personas Morales Privadas:
1- Son instituciones que la regulan los estatutos y reglamentos internos que le han dado la incorporación o que surgen después, según su ordenamiento jurídico privado.
2- Se ofrecen servicios, pero no públicos obligatorios, sino al área de que abarque la mencionada institución jurídica.
3- Las Personas morales privadas extranjeras, obtienen los derechos y deberes de la legislación nacional.
Condición jurídica para las personas morales extranjeras
La condición jurídica del extranjero es el conjunto de derechos y deberes de lo que gozan las personas que no forman a los nacionales de un país. Esta definición es en cuanto a la persona física. El Código de Derecho Internacional Privado o Código de Bustamante le atribuye a la Ley local la fuerza para poder delinear los puntos a aplicar de las personas jurídicas, a las que estamos llamando morales. En República Dominicana se regula por la ley 122-05, a las instituciones sin fines de lucro como fundaciones, asociaciones, el código civil y otros ordenamientos jurídicos que se expresarán más adelante.
Desde una óptica personalizada la condición jurídica es la agrupación de derechos y deberes que tienen y deben cumplir las personas morales.
El artículo 16 de la ley 122-05, dando condición jurídica a las personas morales extranjeras.
Art. 16.- Todas las asociaciones establecidas por virtud de las leyes de cualquier nación extranjera que no tengan por objeto un beneficio pecuniario, antes de establecerse en la República Dominicana deberán cumplir frente a la Procuraduría General de la República para el Departamento Judicial de Santo Domingo o la Procuraduría General de la Corte de Apelación correspondiente los requisitos que se expondrán con posterioridad.
Los organismos que existen en otro país pueden establecerse en la República Dominicana, tal cual lo estipula la ley con varios elementos a presentar, cuando estos son sin fines de lucro, es decir sin beneficio pecuniario. A estas instituciones o entidades el Estado le debe mucho, no en materia económica sino de agradecimiento por querer implementar programas que ayuden a un grupo determinado de la población nacional.
Los requisitos exigidos a presentar por el artículo 16 de la ley 122-05 son:
a) Presentar una copia auténtica en idioma español del documento mediante el cual se le concedió la incorporación y todas las enmiendas que se hubieran hecho hasta la fecha de su presentación;
El idioma oficial de la República Dominicana es el español y debe presentarse en este todos los documentos que avalen la incorporación en el país extranjero.
b) Presentar un informe firmado por su presidente(a) y secretario(a) y refrendado por la junta directiva que demuestre:
1. El nombre o título por el cual esta asociación será conocida por la ley;
2. El lugar en la República Dominicana donde tendrá su asiento principal;
3. Un inventario de todos sus bienes justamente estimados;
4. Sus cuentas activas y pasivas y si el pago de cualquiera de ellas está garantizado, cómo y cuál propiedad ha sido puesta en garantía;
5. Los nombres de sus funcionarios(as) y de los miembros de su junta directiva y el término de duración del ejercicio de los mismos;
6. Relación de las actividades y programas desplegados en el exterior durante los tres
(3) años previos a su solicitud;
Esto autentifica la persona moral existente en el extranjero.
c) Un documento auténtico firmado por el presidente o la presidenta y el secretario o la secretaria, por el cual conste que la asociación ha consentido en poder ser demandada ante los tribunales de la República. Este documento deberá indicar un representante a quien se pueda notificar en caso de demanda. Dicha persona representante residirá en el mismo lugar donde esté asentado el domicilio de la asociación;
El mismo es necesario para evitar cualquier alteración o especulación de una persona moral.
d) El consentimiento escrito y auténtico de la persona que actúe como representante;
e) Descripción de sus vínculos o relaciones con gobiernos, instituciones públicas extranjeras, organismos internacionales, o instituciones sin fines de lucro privadas extranjeras;
f) Cuando se hayan completado los requisitos mencionados en este artículo y los documentos requeridos hayan sido presentados a la Procuraduría General de la República o a la Procuraduría General de la Corte de Apelación, ésta dictará una resolución que autoriza a la asociación extranjera a funcionar en la República Dominicana. Para este caso deberán cumplirse las mismas medidas de publicidad establecidas en la presente ley para el registro de incorporación de las asociaciones nacionales.
Lo que dispone el artículo 16 son requisitos fundamentales para que se pueda establecer cualquier institución sin ánimo de lucro en la República Dominicana. Si carece de uno de ellos no es válido y es restituido únicamente si completan el documento que falta. Estas condiciones son legales, para obtener una apoyo jurídico más significativo.
Ejemplifiquemos las condiciones dadas por este artículo. La Fundación Sonríe Perú, establecida en Lima, Perú quiere abrir sus puertas de trabajo social en la República Dominicana. Benjamín Polanco, es el Director y fundador de dicha entidad, él tiene que firmar un poder como miembro pleno dando la autorización de que exista la Fundación, así como también depositar los documentos que avalen la existencia en Perú de esta ONG. (Cuando se refiere a depositar, no es que tiene que ser la persona encargada en el país extranjero quien deposite el papel, todo lo contrario, puede tener representante y éste es casi siempre quien tendrá la responsabilidad en el extranjero). Una vez se cumplan estos elementos, pues se pretende a realizar las gestiones de certificación y aceptación de la Persona Moral.
Art. 17.- Las instituciones religiosas que forman parte de la Iglesia Católica, sean nacionales o extranjeras, además de cumplir con todos los requisitos exigidos por la presente ley, deberán ser autorizadas formalmente por la autoridad eclesiástica nacional correspondiente.
Condiciones jurídicas de las Personas Morales, según el Código de Bustamante
El Artículo 31, del referido código trata de lo siguiente: Cada Estado contratante, en su carácter de persona jurídica, tiene capacidad para adquirir y ejercitar derechos civiles y contraer obligaciones de igual clase en el territorio de los demás, sin otras restricciones que las establecidas expresamente por el derecho local.
En el caso anterior, aunque fuese de Perú la Fundación, no tendrá ni podrá aplicarse en Dominicana la legislación peruana, sino la de este país.
En cuanto a la Persona Moral y el Estado como persona moral necesaria tiene la facultad dada por la ley de contratar con otros Estados a modo de adquirir derechos civiles a favor de ambas naciones. La condición jurídica se la da la ley a la persona moral conocida como Estado para que tenga fuerzas de contratar internacionalmente con particulares u organismos internacionales.
De igual forma el artículo 32, le dedica un punto a regularizar la materia de las personas morales, diciendo: El concepto y reconocimiento de las personas jurídicas se regirán por la ley territorial.
En República Dominicana lo rige la ley.
Art. 33. Salvo las restricciones establecidas en los dos artículos anteriores, la capacidad civil de las corporaciones se rige por la ley que las hubiere creado o reconocido; la de las fundaciones por las reglas de su institución, aprobadas por la autoridad correspondiente, si lo exigiere su derecho nacional, y la de las asociaciones por sus estatutos, en iguales condiciones.
Art. 34. Con iguales restricciones, la capacidad civil de las sociedades civiles, mercantiles o industriales se rige por las disposiciones relativas al contrato de sociedad.
Art. 35. La ley local se aplica para atribuir los bienes de las personas jurídicas que dejan de existir, si el caso no está previsto de otro modo en sus estatutos, cláusulas fundacionales, o en el derecho vigente respecto de las sociedades.
Derechos del Extranjero en la República Dominicana
De acuerdo a la Constitución Dominicana, la finalidad principal del Estado es la protección de los derechos humanos y del bienestar general de la población, al mismo tiempo que el mantenimiento de un sistema de libertad individual y de justicia social, compatible con el orden público. Pero ¿se podrá mantener este principio para las personas morales? Claro que no. Porque las personas morales al no ser físicas no son susceptibles de derechos humanos, sin embargo las personas físicas que representan a las morales sí pueden gozar de los derechos atribuidos constitucional y legalmente en la República Dominicana.
Para tales fines, nuestra Constitución reconoce una serie de derechos de los cuales pueden beneficiarse aquellos que se encuentren en el territorio Dominicano sin distinción de su nacionalidad. Estos son, entre otros:
1. La inviolabilidad de la vida;
2. La seguridad individual;
3. La inviolabilidad de domicilio, que implica entre otras cosas que la policía no puede efectuar ningún registro, sin la orden correspondiente y en los casos previstos por la ley con todas las formalidades que ella prescribe
4. La libertad de tránsito, salvo las restricciones que resultaron de las leyes de policía, inmigración y sanidad;
5. Libertad de acción, que incluye el derecho de no ser obligado a hacer lo que la ley no manda ni el impedimento de lo que la ley no prohíbe;
6. Libertad de expresión. Toda persona puede, sin censura previa, emitir libremente su pensamiento mediante palabras escritas o por cualquier otro medio de expresión, gráfico u oral;
7. La libertad de asociación con fines económicos, sociales, culturales o de cualquier otra índole, excepto por razones de seguridad nacional y de orden público;
8. La libertad de culto;
La seguridad individual es un término aplicable a las personas físicas y morales, porque todas las instituciones, organismos, entidades, etc., que se establezcan en el país deben de gozar de protección y cuidado personalizados. Los demás puntos, como han podido ver, tienen su explicación especial.
Derecho a la privacidad que abarca la inviolabilidad de la correspondencia y demás documentos privados. También es inviolable el secreto de la comunicación telegráfica, telefónica y cablegráfica;
1. La libertad de trabajo que incluye la libertad de organizar sindicatos y el derecho a huelga bajo ciertas condiciones;
2. La libertad de empresa, comercio e industria aunque los monopolios sólo son permitidos en provecho del Estado o de instituciones estatales;
3. Protección de la propiedad privada. El gobierno no puede privar a nadie de su propiedad sino por causa justificada de utilidad pública o de interés social -no por causas políticas-, previo pago de su justo valor determinado por sentencia del Tribunal competente;
4. La protección por un período de tiempo de derechos exclusivos sobre los inventos y descubrimientos, así como de las producciones científicas, artísticas y literarias;
5. Con el fin de robustecer su estabilidad y bienestar así como su vida moral, religiosa y cultural, la familia recibe del Estado la más amplia protección posible incluyendo:
6. La libertad de enseñanza y eliminación del analfabetismo. La educación primaria es obligatoria y el Estado tiene el deber de proveerla a todos los habitantes del territorio nacional. Tanto la educación primaria y secundaria, como la que se ofrece en las escuelas agronómicas, vocacionales, artísticas, comerciales, de artes manuales y de economía doméstica son gratuitas;
7. El Estado debe estimular el desarrollo de la seguridad social para la vejez, así como el de un programa de asistencia social consistente en ropa, comida, salud y hasta donde sea posible, de alojamiento para los pobres;
Los derechos que una persona moral extranjera puede ejercer en el país se resumen en el poder de demandar y ser demandado, de reclamar justicia por alguna violación a la ley nacional o interna de la institución. Los derechos de segundo bloque para las personas morales están el de un desarrollo normal en la sociedad donde están establecidas.
Aplicación del Artículo 811 de Código Civil de la República Dominicana a los Estados Extranjeros
El Art. 811 del Código Civil Dominicano expresa: Cuando terminados los plazos para hacer inventario y deliberar, no se presente nadie a reclamar una sucesión, ni hubiere heredero conocido, o los que se conozcan hayan renunciado, se reputará vacante aquella sucesión.
Código de Bustamante
Art. 159. Las formalidades requeridas para aceptar la herencia a beneficio de inventario o para hacer uso del derecho de deliberar se ajustarán a la ley del lugar en que la sucesión se abra, bastando eso para sus efectos extraterritoriales.
Esto nos quiere decir que la sucesión estará regida por las leyes del país en cual se haga, por lo tanto las leyes de ese territorio determinarán lo que se hará en ese caso, decisión que está plasmada en el Código de Bustamante donde nos dice:
Art. 140. Se aplica el derecho local a los modos de adquirir respecto de los cuales no haya en este Código disposiciones en contrario.
Art. 144. Las sucesiones intestadas y las testamentarias incluso en cuanto al orden de suceder, a la cuantía de los derechos sucesorios y a la validez intrínseca de las disposiciones, se regirán, salvo los casos de excepción más adelante establecidos, por la ley personal del causante, sea cual fuere la naturaleza de los bienes y el lugar en que se encuentren.
Art. 145. Es de orden público internacional el precepto en cuya virtud los derechos a la sucesión de una persona se transmiten desde el momento de su muerte.
Podemos decir que la ley personal del causante es la que rige la sucesión, ya que no importa en que lugar se encuentren los herederos, los derechos a la sucesión deberán ser llevados a cabo mediante la ley personal del causante.
Los artículos mencionados anteriormente son los que se relacionan de modo alguno con el Art. 811 de nuestro Código Civil Dominicano con ellos nos damos cuenta de que independientemente de que los Derechos Internacionales Privados tengan su mayor influencia de Derecho en el Código de Bustamante, los derechos personales de cada individuo no son lesionados según las leyes de nuestro país ya que nuestro Código cuida de ellos y el Código de Bustamante consagra en sus Artículos el respeto a los mismos.
Nacionalidad de las Personas Morales
De antemano conviene especificar que algunos países, aunque engloban en el concepto de personas jurídicas a las sociedades, asociaciones y fundaciones, someten a éstas a regímenes muy diferentes. Las sociedades, como bien advierten algunos autores, plantean problemas de orden esencialmente económicos, en cambio las asociaciones y las fundaciones más bien ponen en juego planteamientos políticos.
La cuestión de determinar si las personas morales poseen o no una nacionalidad ha estado vinculada al concepto que se ha establecido de la institución misma de la nacionalidad.
En ese sentido los autores que niegan atribuir nacionalidad a las personas morales basan su tesis en un análisis comparativo que tiene como patrón a las personas físicas, destacando que la nacionalidad como elemento característico de la población de un Estado como elemento característico de la población de un Estado únicamente es inherente a los individuos.
En cambio, quien admiten que a las personas morales les es atribuible la noción de nacionalidad no se aferran al criterio anteriormente referido y las conciben más bien como una manifestación de la actividad de los integrantes mismos de la población.
Batiffol nos dice: “si la nacionalidad es la pertenencia legal a la población jurídicamente constituida de un Estado, cabe reconocer que la población de un Estado se compone de personas físicas y no de personas morales”
Nacionalidad de las Personas en los Tratados Internacionales
Según refiere Nigoyet, los Tratados de Paz celebrados inmediatamente finalizó la Primera Guerra Mundial, específicamente el Tratado de Versalles, en su Art. 297, el Tratado de Sain Germain, artículo 249 y el Tratado de Trianón, Art. 232 se refieren a la nacionalidad de las personas morales – las sociedades – a las que se aplicó el criterio del control. En ese sentido, si la sociedad estaba controlada por extranjeros, la sociedad seria extranjera.
La cuestión de la definición de la nacionalidad de las personas jurídicas de las sociedades – como nos refiere Batiffol-, fue planteada también en el marco de la Comunidad Económica Europea. Según este autor, el criterio de la sede social ha sido cuestionado por el articulo 58 del Tratado de Roma, en virtud del cual “las sociedades constituidas de conformidad con la legislación de un Estado miembro y que tiene su sede estatutaria, su administración central o su principal establecimiento dentro de la comunidad, son asimiladas para la aplicación de las disposiciones del presente capitulo (Derecho de Establecimiento), a las personas físicas súbditos de los Estados miembros”.
Tratado de Montevideo de Derecho Civil Internacional, de 1940, y que como hemos visto, vino a reformar el de 1889, celebrado en la misma capital Uruguaya, establece en sus artículos 3 y 4 lo siguiente: “Art. 3. Los Estados y las demás personas jurídicas de derecho público extranjeros, no podrán ejercer su capacidad en el territorio de otro Estado, de conformidad con las leyes de éste último”. Art. 4. La existencia y la capacidad de las personas jurídicas de carácter privado, se rigen por las leyes del país de su domicilio.
El carácter que revisten las habilitan plenamente para ejecutar fuera del lugar de su institución todas las acciones y derechos que les corresponda.
Más, para el ejercicio habitual de actos comprendidos en el objeto especial de su institución se sujetarán a las prescripciones establecidas por el Estado en el cual intente realizar dichos actos.
La misma regla se aplicará a las sociedades civiles. Los tratados de Montevideo de Derecho Civil Internacional, tanto el de 1889, como el de 1940, ciertamente no emplean el término nacionalidad; en cambio, cuando el artículo 3 de Tratado de 1940 habla de ‘‘… las demás personas de Derecho Público extranjeras’’, implícitamente se está refiriendo a la nacionalidad de las mismas.
Por otra parte, según el texto transcurrido, la existencia y capacidad de las personas jurídicas de carácter privado estarán sujetas a las leyes del país de su domicilio. En cuanto a su actividad, dependerá de las leyes del país donde la ejerza.
Si bien los Tratados de Montevideo no contienen disposiciones que se pronuncien directamente sobre el término nacionalidad de las personas jurídicas, el Código Bustamante, en cambio, legisla con elocuencia sobre el particular; especialmente en sus artículos 9, 16, 17, 18, 19, 20, 21 y 32.
Artículos del Código de Bustamante: dicen lo siguientes:
Art. 9. Cada Estado contratante aplicará su propio derecho a la determinación de la nacionalidad de origen de toda persona individual o jurídica y de su adquisición, pérdida o reintegración posteriores, que se hayan realizado dentro o fuerza de su territorio, cuando una de las nacionalidades sujetas a controversia sea la de dicho Estado.
En los demás casos, regirán las disposiciones que establecen los artículos restantes de este capítulo.
De este artículo se desprende la admisión de la noción de nacionalidad de las personas morales o jurídicas.
Art. 16. La nacionalidad de origen de las Corporaciones y de las Fundaciones se determinará por la Ley del Estado que las autorice o apruebe.
Art. 17. La nacionalidad de origen de las Asociaciones será la del país en que se constituyan, y en él deben registrarse o inscribirse si exigiere ese requisito la legislación local.
Art. 18. Las sociedades civiles, mercantiles o industriales que no sean anónimas, tendrán la nacionalidad que se establezca el contrato social y, en su caso, la del lugar donde radicarse habitualmente su gerencia o dirección personal.
Art. 19. Para las sociedades anónimas se determinará la nacionalidad por el contrato social y en su caso por la ley del lugar en que se reúna normalmente la junta general de accionistas, y, en su efecto, por de lugar en que se radique su principal junta o consejo directivo o administrativo.
Art. 20. El cambio de nacionalidad de las corporaciones, fundaciones, asociaciones y sociedades, salvo los casos de variación en la soberanía territorial, habrá de sujetarse a las condiciones exigidas por la ley antigua y por la nueva.
‘‘si cambiare la soberanía territorial, en caso de independencia, se aplicara la regla establecida en el articulo 13 para las naturalizaciones colectivas. ’’
Art. 21. Las disposiciones del artículo 9 en cuanto se refiere a personas jurídicas y las de los artículos 16 y 20, no serán aplicadas en los Estados contratantes que no atribuyan nacionalidad a dichas personas.
Art. 32. El concepto y reconocimiento de las personas jurídicas se regirán por la ley territorial.
Como podemos observar los artículos 16 y 20 fijan los diversos criterios para determinar la nacionalidad de las personas jurídicas en función de su categoría. En ese sentido, las corporaciones y fundaciones tendrán las del país de su contribución; las sociedades anónimas tendrán la nacionalidad del contrato social; las sociedades civiles, mercantiles o industriales, no anónimas también tendrán la nacionalidad del Contrato Social.
Se puede observar que también los artículos 18 y 19 dejan abierto otros criterios, al referirse a su determinación.
Las disposiciones del artículo 21 son comprensibles si se observa que para algunos países las personas jurídicas no son ni nacionales ni extranjeras.
En cuanto al artículo 32, podría este interpretarse en el sentido de insinuar que las personas jurídicas carecen de nacionalidad, o por lo menos dejan este concepto al criterio de los Estados.
Nacionalidad de las Personas Jurídicas a la luz de la Legislación Dominicana.
Las disposiciones constitucionales de la Republica Dominicana no hacen ninguna mención sobre nacionalidad de personas jurídicas y hacen referencia, como hemos advertido, condición de los extranjeros como personas físicas. Lo mismo podría decirse sobre las disposiciones del Código Civil Dominicano.
En cambio, y ya lo advertimos anteriormente, el Código de Comercio Dominicano, contiene varias disposiciones que se refieren a las personas morales o jurídicas clasificándolas en nacionales y extranjeras, es decir, admitiendo lo implícitamente de la noción de nacionalidad misma.
La ley sobre Protección a los Agentes Importadores de Mercaderías y Productos, se refiere a ‘‘Toda persona física o moral extranjera. ’’
La Republica Dominicana es parte contratante del Código Bustamante, sin embargo, formuló una reserva que algunos autores han considerado erróneamente como negativo a atribuirle nacionalidad a las personas jurídicas. Lo que se desprende del párrafo 2 de la reserva dominicana es que la Republica Dominicana no reconoce a las personas otra nacionalidad que la dominicana, mientras resida en el territorio dominicano.
Es una formula destinada a evitar la doble nacionalidad, específicamente de los dominicanos.
Criterios para determinar la nacionalidad de las Personas Morales.
Una vez admitida la idea de atribuir la noción de la nacionalidad a las personas morales, cabe determinar los criterios para otorgar la misma.
Vista la nacionalidad como un vinculo jurídico entre la persona física o moral y el estado, seria apropiado para determinar la nacionalidad de las personas morales, al igual que se ha hecho con las personas físicas, a partir del principio de que es estado el facultado para determinar soberanamente quienes son sus nacionales.
La ley nacional, determina pues, unilateralmente cuales son las personas morales nacionales. Muchos autores comparten este método.
Batiffol, pro ejemplo nos dice en el articulo 3 de la ley francesa del 24 de julio de 1966 al afirmar que la “sociedad cuya sede social esta situada en territorio francés estará sometida a la ley francesa” esta admitiendo unilateralmente que esas sociedades son francesas y agrega “ para las sociedad considerada ha conferido la personalidad jurídica”
Cada estado toma en consideración los criterios bajo los cuales otorga la nacionalidad a las personas jurídicas, que son, como veremos, variados y distintos a los aplicados en los casos de los individuos.
1. Criterio de la Constitución o Incorporación
Conforme a esta criterio, las personas morales tienen la nacionalidad del estado bajo cuyas leyes las formalidades de constitución de han realizado, incluso si al sede real se encuentra en otro país.
Se sostiene como argumento que una persona moral, al derivar su personalidad jurídica de la voluntad de un estado, lo lógico es establecer el vínculo de la nacionalidad de esta con el estado a cuyo orden jurídico obedece su nacimiento.
Ese criterio ofrece además a las personas morales la ventaja de conservar el beneficio de la ley del estado del que derivan su personalidad y de la protección diplomática del mismo independientemente del lugar de su actividad sin que entre en juego la discusión eventual sobre la localización de la sede real.
Entretanto, la mayoría de los autores coinciden en que la libertad que asegura ese formalismo genera el riesgo del fraude en el sentido de que permite constituir personas morales en un estado determinado con el deliberado propósito de substraerlas al cumplimiento de las leyes del país en cuyo territorio va a desarrollar sus actividades.
Se suele distinguir el criterio que analizamos con el criterio del lugar de la constitución. En efecto, esta ultima tesis sostiene que la persona moral, tiene la nacionalidad del lugar en donde se ha constituido, por el territorio del país en el cual se constituyo, no es conforme a las leyes del estado donde se constituyo.
2. Criterio de la Nacionalidad de los Socios
Conforme a este sistema, la nacionalidad de la persona moral estará fijada por la de los asociados. Se sostiene en defensa a esta tesis que se pueden superar barreras legales que se establecen para los extranjeros sin que estos pierdan su nacionalidad constituyendo una persona moral nacional del país en que actúan.
En cambio proliferan las objeciones a este sistema, sobre todo “por el carácter cambiante de los asociados fundadores, administradores y porque el concepto mismo de mayoría no siempre es definible”. “De una parte dice Batifol seria impracticable para las sociedades en la que ninguna mayoría, incluso relativa, podría definirse, y para otras en la que el capital estando representado por títulos al portador, los socios pueden ser desconocidos; por otra parte este sistema colocaría la nacionalidad de la sociedad al capricho de una cesión de partes o de acciones aun cuando la naturaleza de la actividad social probablemente no ha cambiado.
Sánchez de Bustamante advierte que en los países de gran inmigración, de aceptarse el sistema que estamos analizando serian extranjeros todas las sociedades locales organizadas por inmigrantes que se han ligado a u nuevo país y que se han desligado del estado de su nacionalidad en el aspecto material.
(1) Manual de Derecho Internacional Privado de Luis Arias Núñez Páginas 158-163
3. Criterio de Autorización
Conforme a este sistema, una persona moral obtiene la personalidad jurídica gracias a un acto administrativo de autorización que emana del Estado, de lo que se desprende que esta será nacional del estado que otorgue dicha autorización.
Se sostiene con justa razón, que este sistema presenta el inconveniente de ser infuncional en aquellos países, en los que una persona moral no requiere de la autorización estatal para disfrutar de personalidad jurídica.
Seria el caso por ejemplo de nuestro país, donde las compañías por acciones, según el Art.37 del código e comercio, podrían formarse sin la autorización del gobierno.
Agracia a sus vez, destaca, entre otras, las criticas siguientes: “Una sociedad que requiera y obtenga autorización en diversos estados para funcionar en ellos, tendría varias nacionalidades y se confunden actos jurídicos distintos, con bases distintos, como son la autorización de funcionamiento con el otorgamiento con el otorgamiento”
4. Criterio del Lugar de la Explotación o del Principal Establecimiento.
La nacionalidad de la persona moral, conforme a es criterio, será la del país donde tiene lugar la explotación, considerado este ultimo como aquel en que la persona moral manifiesta exteriormente y efectivamente su actividad.
(1) Manual de Derecho Internacional Privado de Luis Arias Núñez Páginas 158-163
Algunos autores, como Niboyet, al objetar este sistema destacan que como la explotación puede extenderse simultáneamente o sucesivamente a varios países, habrá que admitir, en tal caso, que la sociedad cambiara de nacionalidad según el país donde su actividad se ejerza.
5. Criterio del Domicilio o Sede Social
La nacionalidad de la persona moral será del país de su domicilio social, considerando este como el lugar en el que se ejerce la dirección de la sociedad; en el que “residen los órganos jurídicos de la sociedad, los administradores, asambleas generales y en los que se debaten los contratos y mercados concernientes a la marcha de la empresa”
Niboyet destaca que la jurisprudencia francesa aceptó este sistema hasta la Primera Guerra Mundial, y tiene un merito practico al ofrecer la ventaja de “no variar casi nunca”. Fue el sistema también utilizado por la corte permanente de Arbitraje Internacional.
Este sistema que ofrece las ventajas destacadas por los citados autores no escapa al punto de objeción señalado a otros sistemas; a saber el de hacer posible el fraude mediante el establecimiento de una sede ficticia o fraudulenta.
Niboyet Conciente de la insuficiencia de cada uno de los citados criterios o sistemas, algunos tomados aisladamente, algunos autores sugieren la combinación de algunos de ellos. Así se dice: “el criterio de constitución es suficiente por si solo para determinar la nacionalidad de una sociedad pero que es deseable su complementación con el criterio de la sede social efectiva a fin de que la conexión jurídica de la corporación con el estado vaya acompañada de una conexión material, lo que determinara una vinculación verdadera entre aquella y esta”
Otros criterios han tenido vigencia en situaciones particulares de las relaciones internacionales; así durante la Primera Guerra Mundial se aplico el llamado criterio del control, según el cual se atribuía a las personas morales de nacionalidad de las personas físicas que las controlaban. Criterio este que hoy día ha sido rechazado tanto en la doctrina como en la práctica.
Disposición del Código de Bustamante sobre la Nacionalidad de las Personas Morales.
Para poder dar una explicación más completa sobre lo que dispone el Código de Bustamante acerca de la Nacionalidad de las personas morales, antes debemos decir lo que significan los términos: Personas Morales y Nacionalidad.
· Primero tenemos que cuando hablamos de Personas Morales, nos estamos refiriendo a:
Una aptitud reconocida a una agrupación o reconocimiento creado por el Estado o un particular, para tener en esa, existencia jurídica y ser sujeto de derecho.
Ejemplo: el Estado, las fundaciones, colegios, universidades, todas las instituciones incorporadas.
· Segundo tenemos que la Nacionalidad:
Es un vínculo que une a un individuo, una agrupación o ciertas cosas, con un Estado determinado.
En el Código de Bustamante, la Nacionalidad de las Personas Morales se encuentra establecida en los artículos 16-20, de dicho Código.
El origen de las Corporaciones y Fundaciones se determinadas por la ley del Estado que las apruebe, según lo establece el articulo 16 del mismo Código.
El contrato social, es el medio por el las Sociedades Anónimas determinaran su Nacionalidad y en su caso por la ley del lugar en que se reúna normalmente la Junta General de Accionistas.
¿Cuál Será la Nacionalidad de origen de las asociaciones?
Este será, la del país en que se constituyan. Y en el mismo deberán registrarse o inscribirse si fuese necesario.
Si una Sociedad Civil Mercantil o industrial no es anónima, tendrá la Nacionalidad que establezca el Contrato Social, y la del lugar donde radicare habitualmente su gerencia o dirección principal, esto lo establece el artículo 18 del Código de Bustamante.
Investigación realizada por Claudio Cordero
